Desde 1975, Juan Carlos de Borbón es el Rey de España. Desde 1978 es el Jefe del Estado designado por la Constitución. Con todo ello, es una figura relevante dentro de las instituciones democráticas del país, lo queramos o no. Si aguanta, a finales del año próximo cumplirá 40 de reinado. Algo lejos de los más de 60 que lleva Isabel II en el trono de Inglaterra (y otros países). Desde ciertos sectores de la sociedad se empieza a hablar de la abdicación y, con sus constantes operaciones, también de un estado delicado de salud. Por ello, ¿qué pasaría si el Rey dejase de ser Rey? En términos legales, por supuesto.

Las coronas herádicas españolas. / Wikicommons (CC).

La primera  pregunta que debemos hacernos es ¿qué pasaría con la jefatura del Estado? Evidentemente, el Príncipe de Asturias pasaría a ostentar dicha función. Al igual que pasa en Reino Unido, no hay vacantes reales, en el momento del fallecimiento o renuncia del titular de la Corona, esta pasa automáticamente a su heredero. No hay una ruptura de la continuidad. El Príncipe pasaría a ser Felipe VI.

La Constitución española no recoge, como la de Bélgica o Dinamarca, que el Rey comience a ejercer sus funciones hasta después del discurso. Un silencio que puede dar lugar a un debate político sobre el valor jurídico de los actos del Rey no proclamado. El juramento del Rey, recogido en el artículo 61.1, deberá realizarse ante las Cortes en sesión conjunta y debería estar desligado de cualquier connotación religiosa. Tal y como está recogido para otros cargos públicos, se puede optar entre jurar prometer. Presumiblemente, el presidente del Congreso sería el encargado de investir como tal al nuevo Rey.

[alert style=”white”] Artículo 57.1: 1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. [/alert]

En la concepción de este artículo encontramos uno de los grandes fregados de la Constitución española. Cuando Felipe VI acceda al trono, ¿qué pasará con sus hijas? Es curioso ver que no se recoge la igualdad de sexos a la hora de optar a la Corona. Si los Príncipes no tienen hijos varones, la mayor pasaría a heredar el trono. Así, con Felipe de Borbón y Grecia nombrado Rey, Leonor de Todos Los Santos de Borbón y Ortiz sería designada Princesa de Asturias y hasta su mayoría de edad no debería de prestar el mismo juramento que su padre solo que añadiendo fidelidad a éste.

Es curioso que la Constitución recoja una serie de funciones atribuidas al Rey, pero no haya mención expresa a las que debe de realizar el heredero. A diferencia del Rey, el Príncipe no es irresponsable e inviolable como su padre y podría ser juzgado por sus actos. Imaginaos al futuro Rey de España declarando en los juzgados de Palma de Mallorca. Se podría dar el caso. Al menos, constitucionalmente. También me resulta interesante el hecho que el consorte de la hoy Infanta Leonor no adquiriría el título de Rey, pero su madre si va a ser Reina. Otra discriminación por sexo.

¿Qué pasa si el Rey abdica? En ese caso, se resolvería todo por medio de una ley orgánica. Todas las constituciones históricas españolas, a excepción de la de 1812, recogen la exigencia de un consentimiento de las Cortes para hacer efectiva la renuncia. Sería curioso que la abidación fuese rechazada y el Rey tuviese que serlo en contra de su voluntad. Aunque conociendo este país, me extrañaría poco. Como dato adicional, Juan Carlos de Borbón y Borbón no abdicaría en favor de su hijo, más bien renunciaría a su cargo y, porque así ha sido aprobado, pasaría a su hijo. Es una especie de regulación legal más que un deseo.

Estas son algunas de las dudas que plantea un cambio en la jefatura del Estado. Tengo un libro que recoge un montón de datos sobre las instituciones políticas españolas en base a la Constitución de 1978, por lo que ofreceré episodios esporádicos de otros organismos como el Senado, el Tribunal Constitucional o el Estado Autonómico. Todo ello con una función, claramente educativa e informativa.